El colectivo de intérpretes de lengua de signos andaluz -ILSA- denuncia que la empresa SeproTec, a la que la Junta de Andalucía ha adjudicado el servicio de Interpretación de Lengua de Signos Española para alumnos sordos en institutos y centros de educación de adultos, está incumpliendo el Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, establecido por el Gobierno andaluz. «Desde que la Junta adjudicó de forma incomprensible el servicio de interpretación de lengua de signos a una empresa de fuera de Andalucía, nuestras condiciones laborales han sufrido un importante retroceso, tanto a nivel económico, como cualitativo», explica un grupo de intérpretes granadinos, que han visto mermados sus derechos laborales. «Nos han incluido en un Convenio de Oficinas y Despachos de Madrid, que en nada tiene que ver con nuestra profesión, y además, aunque nuestra categoría laboral debería ser la del grupo 3, ahora solo estamos contratados por el grupo 4» aseguran.

La firma madrileña, SeproTec, que según comenta este grupo de intérpretes «carece de experiencia en este sector en Andalucía, así como de una sede a la que puedan acudir para plantear sus quejas». De hecho, en los servicios que ofrece en su página web no hace referencia alguna a la lengua de signos o a la atención a personas sordas.

Los ILSES andaluces se están comenzando a movilizar ante lo que consideran una situación insostenible en el desarrollo de su profesión. «No hablamos únicamente de nuestras condiciones laborales, sino también de la calidad del servicio que las personas sordas reciben». Otro de los factores que se ha visto considerablemente perjudicado ha sido el salarial. «En relación al último año, hemos sufrido una bajada de sueldo del 37%. De 1.400 euros brutos a 919. Consideramos que la nueva empresa adjudicataria debería, al menos, respetar e igualar las condiciones salariales anteriores», comenta uno de los intérpretes, que actualmente trabaja en un instituto con un usuario con Síndrome Usher.

En años anteriores, la Junta había adjudicado el servicio a la empresa CAC, perteneciente al grupo FAAS –Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas- que defiende los derechos de las personas sordas andaluzas, y está estrechamente ligada a la filosofía de vida de este colectivo

«Cuando el servicio de interpretación de lengua de signos se contrataba con la empresa de FAAS, se tenían en cuenta las especiales necesidades de la persona sorda, y se buscaba al profesional que mejor se adaptaba a su situación. Se ponía a los dos en contacto previamente, y ambos determinaban la mejor forma de comunicarse. Con SeproTec esto ha desaparecido. La persona sorda y el ILSE se encuentran el mismo día de clase, sin conocerse previamente, y de esta forma el periodo de adaptación es más complejo», algo de lo que también se ha quejado el colectivo sordo. El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas, Alfredo Gómez, no comprende esta adjudicación «a una empresa madrileña que nada tiene que ver con la comunidad sorda, y parece que en nada respeta sus derechos».

SeproTec, que además carece de una bolsa de trabajadores de intérpretes de Lengua de Signos, ha subrogado este servicio a las empresas de FAAS, «pero no se ha producido a efectos reales, ya que todos los ILSES hemos perdido la antigüedad que nos pertenece por años contratados en servicios dentro de centros docentes. Cada año contabilizará como nuevo contrato».

La adjudicación a SeproTec se ha hecho para este curso escolar 2013-2014, y probablemente también para el siguiente año. Esta situación está afectando a más de 150 intérpretes de Lengua de Signos en toda Andalucía, y a muchas más personas sordas, que han visto cómo su vínculo de unión con el sector educativo ha mermado su calidad «simplemente por razones económicas», explica uno de los chicos sordos que acude diariamente a un instituto para formarse.