Vía: europapress.com
La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha denunciado que, cuando se cumplen seis años de la Ley que reconoció la lengua de signos castellana y catalana, aún hay niños y jóvenes con discapacidad auditiva escolarizados en España que no disponen de un intérprete en clase que les traduzca la lección del profesor.
Así lo ha señalado la presidenta de la organización, Concha Díaz, quien exige que «la administración educativa garantice que este alumnado pueda acceder a modelos educativos bilingües en lengua de signos», porque es la única manera de que se encuentren en igualdad de condiciones en el acceso a la educación que el resto de los alumnos.
La organización afirma que la norma creó «muchas expectativas» en la comunidad sorda y sin embargo, «no ha evitado» que estas personas sigan encontrando barreras, no sólo en la comunicación con el entorno, sino también en el ejercicio de otros derechos, como el de la educación.
En este sentido, la presidenta de la Federación Madrileña de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos (FEMAPAS) y madre de una joven con discapacidad auditiva, Antonia Espejo, denuncia que es frecuente que los especialistas en lengua de signos (traducen en infantil y Primaria) y los intérpretes (ESO, Bachillerato y formación superior) se incorporen tarde al curso, con lo que los alumnos sordos se pierden entre un mes y un mes y medio de clase.
«Eso, cuando los hay, porque algunos jóvenes no llegan a tener intérprete», señala Espejo, que dice tener una lucha abierta con la Universidad Complutense de Madrid. Según afirma, el centro ha eliminado los intérpretes para asignaturas repetidas y para alumnos con implantes cocleares o audífonos. «Es como si a un alumno oyente le dices que si repite curso, lo hará sin escuchar al profesor», ha lamentado.
Sobre los audífonos y los implantes, Espejo explica en declaraciones a Europa Press, que se trata de «ayudas técnicas muy útiles en el tú a tú» pero que se quedan cortas para seguir el discurso de una persona que está hablando mientras deambula por un aula llena de gente. «Si no tienes intérprete te pierdes más del 50% de las explicaciones que esté dando», ha asegurado.
Otro de los problemas con los que se encuentran estos alumnos, es la falta de cobertura de la jornada lectiva. «El centro dice que te pone un intérprete 15 horas a la semana aunque se estén dando 20 horas de clase y que el resto del tiempo te lo apañes como puedas. No hay derecho: el alumno sordo tiene que estar en las mismas condiciones que su compañero oyente», reclama Espejo.
«NO ES UN FAVOR, ES UN DERECHO»
Tanto en la organización que representa como en la Confederación Estatal inciden en que disponer de una persona en el aula que traduzca a lengua de signos «no es un favor del centro educativo» sino «un derecho del alumno» que está reconocido legalmente.
Por ello, reclaman al Gobierno que desarrolle reglamentariamente «las condiciones mínimas del aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos en los centros educativos y formativos», así como en otros ámbitos para que ninguna persona con discapacidad auditiva de cualquier tipo pueda verse privada de ese derecho a comunicarse con el entorno.
Para la CNSE es además «fundamental» que se reconozca a los profesionales sordos especialistas en lengua de signos y que en la futura Ley General de la Discapacidad se contemple «el respeto a la identidad lingüística y cultural de las personas sordas y a la no discriminación de las personas usuarias de la lengua de signos», en línea con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.