De entre las conclusiones presentadas en la Jornada «Accesibilidad Audiovisual: Balance de tres años de aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual«, organizada por el el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE, se extrae que la Ley General de Comunicación Audiovisual no deja satisfecho a nadie.
En el evento, participado por operadores de televisión, proveedores de servicios de accesibilidad y asociaciones de usuarios, se expuso un balance de la situación en que se encuentra la accesibilidad en los medios audiovisuales.
Belén Ruíz, la directora del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) afirmó que hay «más de dos terceras partes de cadenas de televisión que cumplen la normativa, pero hay cadenas de máxima audiencia que la incumplen sistemáticamente”.
En el evento se destacó la necesidad de que la legislación se cumpla y se ejerza presión por parte del movimiento asociativo de la discapacidad hacia los poderes públicos para que éstos hagan la ley efectiva. A este respecto, el presidente del CERMI, Luís Cayo, definió la ley como una normativa de «baja intensidad y con imperfecciones».
Las mayores críticas provinieron de los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad quienes denunciaron que «cada cadena subtitule como mejor le parezca, a veces con errores graves y mucho retardo» tal y como indicó Emilio Ferreiro, coordinador del Área Tecnológica de la Confederación Estatal de Personas Sordas.
El consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Ángel García Castillejo, aseguró que «hay que conseguir una accesibilidad aún mayor» ya que «hay ámbitos donde brilla por su ausencia la aplicación de esta ley» como es el caso de las cadenas de pago para las que no existen obligatoriedad.