La CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, respalda el rechazo pleno de la Fesoca (Federació de Persones Sordes de Catalunya) a la enmienda que ha interpuesto CiU ante la positiva propuesta de resolución del PSC que propone que los alumnos sordos que lo deseen, puedan disponer de un intérprete que les facilite el acceso al currículo en todas las horas lectivas tanto en la universidad como en las enseñanzas postobligatorias (bachillerato y formación profesional).

Precisamente fue la Fesoca la que inició estos trámites parlamentarios, a raíz de las declaraciones de la directora general de Educación Infantil y Primaria del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, quien afirmó que si los alumnos sordos dominaran la lengua oral no necesitarían intérpretes durante la educación postobligatoria, aspecto que vulnera los derechos del alumnado sordo en Cataluña.

Ante esta situación, la CNSE señala que el derecho de las personas sordas a contar con intérpretes en el ámbito educativo en la totalidad de las horas tanto lectivas como de prácticas es incuestionable, según recogen leyes como la 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de Personas con Discapacidad, la 27/2007, que reconoce las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación en España, la Ley 17/2010 que reconoce la Lengua de Signos Catalana, y el artículo 24 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

La entidad aclara, además, que el colectivo de personas sordas es sumamente heterogéneo, por lo que podemos encontrar a personas sordas que se comunican principalmente en lengua de signos y no sólo a través de la lengua oral, y otras que lo hacen únicamente en lengua oral. Para sus usuarios, la comunicación y el acceso a la información en lengua de signos catalana o española es una necesidad, no un capricho o una mera opción.

En este sentido, la CNSE insta a CiU a apoyar la propuesta del PSC ya que “el alumnado sordo catalán no puede esperar más”, y pide a la Generalitat Catalana que en lo referente a política lingüística y accesibilidad, cumpla la Ley de la Lengua de Signos Catalana que promulgaron en 2010.

Vía elEconomista.es