El pasado 27 de diciembre nos hacíamos eco de la noticia de que la delegación onubense de la Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos (FAAS) se vería obligada a cerrar sus puertas el 1 de enero de 2014 si la Junta de Andalucía no abonaba a sus ocho trabajadores las nóminas que les debía desde el mes de junio. En total, unos 64.000 euros que hacían «inviable» que el colectivo pudiera seguir adelante con su actividad.

Desde 2009 el Ejecutivo regional mantiene con la federación una deuda de dos millones de euros que la ha obligado a pedir créditos para poder hacer frente al pago de los salarios del equipo que atiende a las personas sordas. Los préstamos han generado al colectivo andaluz unos 90.000 euros anuales de intereses. En total, la FAAS reclama 856.000 euros a la Consejería de Educación y 1,2 millones a la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Finalmente, la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS), de la que forma parte la delegación de Huelva, decidió prorrogar sus servicios a la espera de que la Junta de Andalucía cumpla los términos de un acuerdo recientemente alcanzado entre las partes, según el cual el pago de la deuda mencionada anteriormente se acometerá este mes de enero.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, manifestó que «todas las obligaciones de pago reconocidas a estas asociaciones tienen la garantía y el compromiso de cumplirse» por parte del Consejo de Gobierno andaluz. Y añadió que el objetivo es «acelerar la solución porque estas asociaciones tienen una situación difícil» y  «son tan necesarias que no se puede poner en riesgo su continuidad».